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General      Castellano Valencià
Ante el inicio del curso escolar, ANPE exige al Conseller que dote a los centros de inmediato de instrucciones claras sobre los programas lingüísticos y cumpla lo dictado por los tribunales.
Publicada 31-08-2017

A nivel nacional reclama un pacto educativo que de por fin estabilidad al sistema educativo para mejorar la calidad de la enseñanza

   Los centros de la Comunidad Valenciana, el 31 de julio cerraron sus puertas con la incertidumbre sobre qué programa lingüístico tendrían que aplicar para este curso 2017-18. El 1 de septiembre vuelven a abrirlas y aún siguen con la misma incertidumbre. El empecinamiento de la Conselleria de aplicar sus políticas lingüísticas en los centros de la Comunidad Valenciana, está llevando a toda la comunidad educativa a un caos sin precedentes.

   A la demanda interpuesta por ANPE sobre el Decreto de Plurilingüísmo, se le suman otras más, dejando claro el no consenso de la Comunidad Educativa sobre esta nueva política lingüística que unilateralmente la Conselleria publicó el pasado mes de febrero.

   ANPE denuncia que cientos de docentes puedan quedarse sin puesto de trabajo por no cumplir unos requisitos lingüísticos que hasta ahora no se les requería.

   ANPE augura un inicio de curso complicado, pero advierte que velará por que la ley se cumpla y los docentes no sufran las consecuencias de una política educativa que reste calidad al sistema educativo y afecte en negativo a sus condiciones laborales.

   Por otro lado, además de complicado, a nivel nacional, el curso escolar se presenta lleno de expectativas con la elaboración del Pacto Educativo que esperamos que termine con tantos años de incertidumbre que se ciernen sobre el panorama educativo.

   El curso pasado se llegó al acuerdo de crear una Subcomisión en el Congreso para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación que pretende acabar con la última reforma educativa resultado de una amalgama de dos leyes educativas LOE y LOMCE, que nació sin consenso, en un escenario de recortes y que después de tres años de vigencia ha evidenciado numerosos problemas de aplicación. Dicho pacto servirá de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad para adaptar la educación a los nuevos retos y exigencias de una sociedad en continuo cambio y trasformación. Por tanto, ANPE exige al Ministerio de Educación:

· Elaborar y poner en marcha el Pacto educativo o Acuerdo de estado básicoPara ANPE, el Pacto o el Acuerdo para que sea posible, debe ser político, social y territorial. Somos conscientes de que el consenso sobre estas cuestiones es complejo, pero es necesario alcanzarlo si verdaderamente queremos sacar a la educación de la confrontación ideológica permanente y dotar de estabilidad al sistema educativo. Será necesario para ello abordar una serie de aspectos primordiales como el modelo y estructura del sistema educativo, la vertebración y cohesión del sistema educativo donde se priorice la enseñanza pública como garante del principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social; un Acuerdo que contemple también la financiación de la enseñanza, el funcionamiento de los centros, la situación del profesorado y su desarrollo profesional, y la aprobación de un Plan Estratégico Nacional de Mejora de la Convivencia Escolar.

· Revertir los recortes en Educación, aumentar la inversión y rentabilizar óptimamente los recursos para que repercutan en la mejora del sistema educativo bajo la coordinación del Ministerio. Ante el crecimiento de nuestra economía en estos últimos años, España es el quinto país de la UE que menos gastó en educación en 2015: un 4,1% del PIB, según datos publicados estos días por Eurostat. También es evidente la brecha del gasto entre comunidades, una situación que se prolonga desde hace años, y tiene su reflejo en los resultados educativos y está provocando una división clara entre comunidades. ANPE cree necesario que la solución a esta diferencia pasa por la coordinación del Ministerio y las CCAA para garantizar una mayor inversión en aquellas comunidades con menor nivel socioeconómico y así conseguir que todos los alumnos tengan la misma igualdad de oportunidades en todo el territorio español propiciando con ello una mayor cohesión social.

· Abordar la situación del profesorado, que pasa por la elaboración de un Estatuto Docente, que, partiendo del respeto a los derechos adquiridos, establezca un marco imprescindible para regular un nuevo modelo de acceso, selección y desarrollo de la carrera profesional desde el ingreso hasta la jubilación. Si el Pacto que se alcanzase no abordase en profundidad la situación del profesorado, éste nunca sería efectivo. El curso pasado finalizó con el compromiso del Ministerio de Educación de convocar amplias ofertas de empleo público (150.000 plazas) en los próximos 5 años con 3 convocatorias por cuerpo docente, para cumplir con lo regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la que se fija el objetivo de reducir en los próximos años a un 8% la tasa de interinos docentes existentes, situada actualmente en todo el Estado por encima del 20%. Desde ANPE trasladamos al Ministerio la necesidad de coordinar y dotar de seguridad jurídica y rigor a los procesos que se convoquen y fijar unas reglas del juego que sean conocidas con suficiente antelación por todos los interinos y aspirantes con el objetivo de dotar a los centros de plantillas estables.

   Para ANPE el pacto debe conducirnos a tres objetivos esenciales: vertebrar y cohesionar nuestro sistema educativo, combatir el fracaso escolar mejorando el rendimiento educativo de todos los alumnos, y revalorizar la profesión docente. Cualquier reforma educativa que no cuente con la implicación del profesorado está condenada al fracaso. El gran desafío en este momento es convertir a la Educación en el centro de los intereses y de las actuaciones políticas. Una buena educación, sin duda, construye y mejora el futuro.